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País: Chile
Fecha: 2017-09-11
Medio: El Mercurio
Sección: OPINIÓN - CARTAS
Página(s): A2
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Protección de los datos personales
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Señor Director:

El Consejo para la Transparencia comparte la inquietud y controversia que ha despertado la decisión del Gobierno de modificar las condiciones legales de retención, almacenamiento y comunicación de datos referidos a las comunicaciones privadas, vía decreto.

El Código Procesal Penal es claro en señalar que esa reglamentación solo puede circunscribirse a las direcciones IP y sus conexiones, obligando a mantener los datos por un mínimo de un año y cuyo acceso debe ser autorizado por un juez de garantía a requerimiento del Ministerio Público.

La decisión del Ejecutivo de ampliar el registro del tipo de datos, de aumentar el plazo legal por vía reglamentaria a dos años, y de permitir que otros organismos, distintos del Ministerio Público, requieran el acceso directo a las empresas, debiese ser materia de ley. Conforme a esta modificación, las empresas estarán obligadas a retener los datos de la tarjeta de crédito de sus clientes, la fecha, hora y duración de la comunicación y su ubicación geográfica, tanto para servicios de telefonía como de internet.

Los principios de protección de datos son claros en la materia. Una regulación de esta naturaleza requiere ser de rango legal (principio de legitimidad del tratamiento) y ajustarse estrictamente a una finalidad necesaria (principio de proporcionalidad). Esos son los estándares comparados y así lo ha ratificado el Tribunal de Justicia Europeo, a raíz de un caso sobre retención y almacenamiento ilimitado de datos de telecomunicaciones contra Reino Unido, lo que se funda en la protección de los derechos fundamentales de las personas.

Considerando que el Ejecutivo lidera la modificación a la Ley de Protección de Datos Personales, este tipo de decisiones se debiese dar en el contexto de dicha discusión legislativa y siguiendo los principios rectores recogidos en su propio proyecto de ley.

José Luis Santa María Zañartu Presidente Vivianne Blanlot Soza Jorge Jaraquemada Roblero Marcelo Drago Aguirre Consejeros Consejo para la Transparencia

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