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País: Chile
Fecha: 2015-08-22
Medio: El Mercurio
Sección: Opinión
Página(s): A2
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Nueva ley de isapres: Salud privada con foco en la seguridad social
"...proponemos implementar los principios de seguridad social e incluir a los actores del sector privado en esta política. No buscamos eliminar a las isapres, ni a la oferta privada de prestaciones de salud...".
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CARMEN CASTILLO TAUCHER Ministra de Salud
Durante años hemos sido testigos de la lógica con la que operan los seguros privados de salud en Chile. Las preexistencias dificultan que las personas puedan tener un seguro privado, y cuando están ya aseguradas, si adquieren una enfermedad crónica, se les mantiene cautivas, sin libertad de cambio. La edad, el sexo y las condiciones de salud se utilizan como causales para justificar alzas en sus primas y cambios en los topes de cobertura financiera. Las isapres han seleccionado a sus afiliados, ofreciendo miles de planes distintos en comercialización, segmentando a las personas de acuerdo con sus ingresos y por factores de riesgo, limitando su acceso a la protección de salud.

Esto ha ocurrido por años con los planes individuales de salud, situación que ha sido reconocida a través de los Tribunales de Justicia, los que se han pronunciado -solo durante el primer semestre de 2015- sobre 68.688 recursos de protección contra las isapres por el alza de los precios base a los planes.

En la última década se han hecho esfuerzos para superar estas prácticas y romper con la fragmentación del sistema. En 2005 se creó la Superintendencia de Salud y se aprobó la Ley AUGE, que estableció garantías explícitas iguales para beneficiarios Fonasa e isapres; en esa oportunidad, no prosperó la propuesta de un Fondo de Compensación Solidario.

En el gobierno anterior, comisiones de expertos propusieron la creación de un plan universal para Fonasa e isapres (2010); un fondo de compensación de riesgos, incluyendo cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado. Igualmente postularon un Plan Garantizado de Salud (PGS), único para los beneficiarios de isapres. Esta propuesta tampoco prosperó.

En 2014, la Superintendencia de Salud reguló que el embarazo dejara de ser considerado una enfermedad, lo que ocurría al definirlo como una preexistencia. De esta manera, las embarazadas cotizantes de isapres dejaron de consignarlo en su declaración de salud, poniendo fin a la exclusión de cobertura y al término anticipado y unilateral del contrato por parte de la isapre con las gestantes.

Este año, la Ley Ricarte Soto creó un fondo estatal destinado a financiar tratamientos, medicamentos y alimentos de alto costo, para todos los beneficiarios de los sistemas previsionales de salud de Chile, incluyendo las Fuerzas Armadas y de Orden.

Nuestro gobierno propone implementar los principios de seguridad social e incluir a los actores del sector privado en esta política de salud. No buscamos eliminar a las isapres, ni a la oferta privada de prestaciones de salud.

Países que han enfrentado el desafío de regular un mercado competitivo de seguros individuales de salud que tiende a seleccionar riesgos, para encauzarlo en base a principios de seguridad social, lo han hecho mediante una combinación de tres estrategias, en su minuto sugeridas por la mayoría de la Comisión Asesora Presidencial (2014) convocada por la Presidenta Michelle Bachelet: la regulación de primas y la afiliación abierta para acceder a un Plan Único de Salud; el control de la integración vertical, y la aplicación de un mecanismo de compensaciones entre aseguradoras privadas ajustadas por riesgo.

Para trazar el rumbo del aseguramiento privado de la salud en Chile, sin discriminaciones, estas estrategias constituyen los pilares del proyecto de ley que estamos construyendo, para lo cual seguiremos desarrollando diálogos con distintos actores sociales, escuchando sus impresiones, sugerencias y recomendaciones.

Tenemos una oportunidad histórica para avanzar hacia un sistema de aseguramiento de salud que proteja a quienes lo requieren en momentos de mayor vulnerabilidad, partiendo de un diagnóstico que es compartido con el sector privado, salubristas, políticos, usuarios y profesionales de diferentes disciplinas.
 
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