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País: Chile
Fecha: 2015-12-02
Medio: El Mercurio
Sección: Economía y Negocios
Página(s): B2
Centimetraje: 24.0 X 29.0 cms
Prevén complejo escenario en el corto plazo:
Isapres advierten que sistema no es sostenible si no hay certeza jurídica para ajustar precios
Superintendente reconoce no tener atribuciones para abordar el problema por vía administrativa. La solución deberá estar ligada al proyecto que prepara el Gobierno.
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KHARLA CANIUPÁN
Un déficit operacional de $25 mil millones prevé la industria de isapres para el ejercicio 2015, debido a la judicialización de los aumentos de los precios de los planes, y los mayores costos en las prestaciones de salud y las licencias médicas.

Por ello, demandan al Gobierno una solución que les entregue un marco jurídico válido, que les permita adecuar los precios durante el período en que se desarrolle la discusión del nuevo sistema de salud. El Ejecutivo debería ingresar próximamente al Congreso el proyecto de ley, pero podrían pasar incluso varios años hasta ser promulgada.

El gerente general de BUPA Chile -controlador de Cruz Blanca-, Andrés Varas, explica que las isapres adecuan las primas y precios año a año para garantizar todas las atenciones a los afiliados en el futuro: "De cada $100 que recibe la isapre por cotizaciones: $70 son para pagar clínicas, laboratorios y prestadores por uso de nuestros beneficiarios; $16 se destinan a cubrir licencias médicas de nuestros cotizantes, y $12 son gastos de administración. En ese sentido, para continuar brindando la actual cobertura de los planes de salud con que cuentan los clientes, es necesario incrementar sus costos".

Por ello, Varas indica que "es esencial que podamos tener una regulación que nos dé mayor certeza jurídica y que de alguna forma establezca un mecanismo que sea aceptado por todos los actores, incluidos la sociedad y las cortes, para que podamos hacer frente a la realidad de que los costos de salud suben más que el IPC".

En esta línea, el gerente general de Consalud, Marcelo Dutilh, afirma que la autoridad debe reconocer y validar, para el entendimiento de los tribunales y la población, que el gasto de prestaciones de salud y licencias médicas por beneficiario aumentan varios puntos porcentuales por sobre el IPC y el crecimiento del país.

"Seguir señalando que no hay razones para que aumenten las tarifas, pone al sector de privado de salud, en particular los beneficiarios de este, ante un grave riesgo de tener como única opción legal estar en Fonasa, aumentando la carga financiera sobre el Estado, que al no contar con más recursos ni mejoras en gestión, implicará el deterioro del servicio de salud para millones de personas", sostiene Dutilh.

Concuerda Gonzalo de la Carrera, presidente de Colmena, quien señala que "si la autoridad -llámese el Ministerio de Salud o la superintendencia del ramo- no envía urgente un proyecto de ley que permita a las isapres adecuar sus precios a lo que suben sus costos, este sistema de salud muere dentro de un año o dos".

Medidas de contención

Ante un panorama en donde se augura que los ingresos no serán capaces de sostener los gastos asociados al negocio, las isapres están tomando medidas, aunque varias advierten que son marginales y no podrán revertir este complejo escenario.

Por ejemplo, Bupa Chile está revisando todo el modelo de operación de su negocio, desde convenios con prestadores, gastos de administración y ventas, y otros que permitan gestionar de mejor manera el complejo escenario.

En Colmena llevan ya dos años con su publicidad en niveles cercanos a cero. De la Carrera explica que los tres factores que hoy presionan los resultados operacionales de las isapres no dependen de ellos: son las prestaciones de salud, las licencias médicas y las costas judiciales. Lo que sí depende de ellos es la remuneración del personal y los costos de administración, pero "ya no queda espacio para hacer más eficiente el sistema de salud".

Este escenario podría generar dificultades en algunos actores para cumplir los ratios de solvencia que exige la superintendencia. Marcelo Dutilh, de Consalud, advierte que "de no poder cumplir una empresa sus ratios, sus beneficiarios terminarán automáticamente en Fonasa, sobrecargando aún más dicho sistema, viéndose gravemente afectados sobre todo las personas más enfermas y mayores que no tendrán opción de aseguramiento privado". Agrega que los seguros privados terminarán siendo para personas con trabajo en grandes empresas, como es en otros países.

Pese a este escenario, BUPA destaca que "aunque estemos viviendo una situación más complicada en la actualidad, no cambia nuestro plan a futuro".
Recuadro :
-Eficiencia

Las isapres buscan hacer más eficiente su operación, pero hay quienes advierten que no queda espacio para mejoras.

-"De no resolver las preocupaciones mencionadas, vamos a poner en riesgo la viabilidad del sistema privado en el futuro".
ANDRÉS VARAS, GERENTE GENERAL DE BUPA CHILE

"Es legal y necesario, para lograr la sustentabilidad del sistema, que este aumento de gasto se recoja en las tarifas, en forma competitiva".
MARCELO BUTILN, GERENTE GENERAL DE CONSALUD

"Nos estamos farreando el sistema. Sin isapres se acaban los seguros complementarios. El Gobierno tendrá que asumir las consecuencias".
GONZALO DE LA CARRERA, PRESIDENTE DE COLMENA

- Atribuciones del regulador no permiten abordar alza de precios

"Comparto el sentido de urgencia, ya sea porque es una deuda resolver los problemas de inequidad del sistema de salud, a lo que se suma la necesidad de resolver la incertidumbre normativa que se generó con el fallo del tribunal constitucional de hace cinco años y la creciente judicialización del mecanismo de reajuste de precios. Estos elementos condicionan la convicción sobre la necesidad de hacer cambios al sistema de salud privado", dice el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic.

La solución -dice- será abordada en el proyecto de ley de una forma íntegra. Si una vez ingresada al Congreso la estrategia legislativa decide apurar algunos cambios, eso dependerá de la coordinación entre los poderes colegisladores, manifiesta el superintendente.

Pavlovic reconoce que analizó la propuesta de las isapres, pero "teniendo vocación para ejercer nuestras facultades al máximo posible no vimos que tuviéramos espacio para resolver el tema de alza de precio por la vía administrativa. Nuestras atribuciones no alcanzan para realizar un cambio de la envergadura que requeriría el modificar ese esquema".

Respecto de la justificación de la adecuación de los precios, Pavlovic reconoce que hay algunas isapres que están buscando justificar en tribunales su adecuación de precios, pero hay otras que "ven que este es un problema sin solución".

Por ello, al parecer, la única alternativa que tendrían las isapres sería esperar que en la tramitación en el Congreso el ajuste de precios sea tramitado como una ley corta.
 
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