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País: Chile
Fecha: 2017-09-09
Medio: La Tercera
Sección: FRENTE A FRENTE
Página(s): 10
Centimetraje: 38x27 cms
¿El decreto presentado por Interior vulnera derechos fundamentales?
Una fuerte polémica provocó el documento que tiene por objetivo facilitar a las policías y al Ministerio Público el acceso a los datos que tienen las compaflias de telecomunicaciones. El debate se ha generado en torno a si las facultades que otorga exceden los Emes de la ley procesal comprometiendo la protección de la vida privada.
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José Miguel Vivanco Director para las Américas de Human Rights Watch

El decreto avasalla la privacidad

Hace poco, la organización Derechos Digitales dio a conocer un decreto, firmado por la Presidenta Bachelet, que podría incrementar el acceso gubernamental a datos personales. El decreto, que aún debe ser aprobado por la Contraloría para entrar en vigor, afectaría gravemente el derecho a la privacidad y replica prácticas de gobiernos autoritarios.

El decreto exige que las compañías de telecomunicaciones conserven, al menos por dos años, datos sobre comunicaciones de todos los ciudadanos sin distinción, incluidas llamadas telefónicas, mensajes de correo electrónico y de aplicaciones de celular. Si bien no exige preservar el contenido de dichas comunicaciones, cubre datos, como la localización de las personas y los números telefónicos llamados, que podrían darle al gobierno una información clave sobre la vida privada del usuario, especialmente cuando la información se recolecta a gran escala. Por ejemplo, si el gobierno sabe que alguien hizo una llamada a un oncólogo o a un psiquiatra, podría arrancar conclusiones claras sobre la situación personal de quien hizo la llamada, aun sin saber qué dijo. Asimismo, los datos de localización de celulares pueden dar a las autoridades un mapa detallado de los movimientos de una persona.

Esto supone una intromisión desproporcionada en la privacidad. Sin duda es razonable exigir acceso a datos específicos para investigar delitos, siempre que haya ciertas garantías básicas.

Pero la retención indiscriminada de datos que dispone el decreto va mucho más lejos y afecta a todos los usuarios, al margen de si son sospechosos de haber cometido un crimen. El máximo tribunal de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia, ha invalidado leyes similares en dos oportunidades, señalando que estas suponen una intrusión injustificada. Aunque el Reino Unido aprobó una ley de retención de datos el año pasado, en general los países de la Unión Europea han gradualmente derogado estas normas. En cambio, gobiernos autoritarios como los de China y Rusia recientemente ampliaron sus leyes sobre conservación de datos para fortalecer la férrea vigilancia que ejercen sobre sus ciudadanos.

Más aún, el decreto solo exige explícitamente una orden judicial para interceptar comunicaciones, y no para acceder a datos ya retenidos. Sin control judicial, el decreto podría convertir al gobierno en una especie de "gran hermano" que puede saber, todo el tiempo, donde está cada persona y con quienes se comunica. Por último, el decreto también prohibe a las compañías de telecomunicaciones usar tecnología que impida interceptaciones. Si se interpreta esta norma de forma amplia para prohibir el encriptado, Chile sentaría un precedente peligroso. El encriptado es fundamental, en la actual era digital, porque protege a millones de usuarios frente a ciberdelincuentes y hackers. Incluso en Estados Unidos, uno de los países con políticas más intrusivas en este ámbito, el Congreso no ha apoyado propuestas para restringir la encriptación porque reconoce su importancia para limitar el cibercrimen. El gobierno de Chile debería dar el ejemplo promoviendo el encriptado como una medida indispensable para incrementar la seguridad de sus ciudadanos, en lugar de imitar a gobiernos como los de Rusia y Turquía, que lo han restringido.

Cuando la Contraloría se pronuncie en los próximos días sobre el decreto, deberá decidir si protege el derecho fundamental a la privacidad de los chilenos o si permite que el gobierno replique políticas típicas de países autoritarios. No debería haber dudas sobre cuál es la decisión correcta.

Este decreto supone una intromisión desproporcionada en La privacidad.

Mahmud Aleuy

Subsecretario del Interior

Una actualización necesaria entro de las bases de la institucionalidad, la Constitución establece el deber del Estado de resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población, con pleno respeto de sus derechos y garantías. A su vez, el mandato legal y constitucional del Ministerio del Interior es el resguardo de la seguridad pública, para lo cual se le dota de un conjunto de instrumentos y facultades. En el ejercicio de sus obligaciones, el Ministerio del Interior -junto a los Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia y Derechos Humanos- ha dispuesto la actualización del Decreto N° 142 de 2005, sobre interceptación de comunicaciones y almacenamiento de registros para investigaciones judiciales, que hoy está en trámite ante la Contraloría.

El propósito del nuevo reglamento es dar verdadera eficacia al Código Procesal Penal en sus artículos 218, 219 y 222, para establecer procedimientos precisos de modo que las empresas de telecomunicaciones entreguen oportunamente a la Fiscalía los metadatos (no el contenido) de comunicaciones de personas vinculadas a la comisión de un delito, requerido exclusivamente por un fiscal y con autorización judicial previa.

Para lograrlo, en la nueva norma, se establece un procedimiento destinado a estandarizar la forma en que las fiscalías requieren los metadatos y cómo las empresas los entregan. Así se subsana una dificultad que ha permitido a las empresas justificar demoras de 400 días en responder al sistema judicial, afectando el resultado de las investigaciones.

Se hace indispensable ajustar la normativa a la realidad de las tecnologías, incorporando nuevas formas de comunicación electrónica, pero siempre bajo el amparo del Código Procesal Penal, requerido por un fiscal y con autorización judicial previa.

En la tramitación de este decreto, se ha dado una controversia sobre elementos que no son parte del reglamento y se ha planteado que la norma vulneraría el derecho a la privacidad.

Sobre esto último, es necesario precisar que el derecho fundamental a la privacidad, según el Tribunal Constitucional, no es de carácter absoluto, y la principal hipótesis en la que se admite la intromisión en la vida privada es en materia delictual. Para ello, la ley dispone los procedimientos, siempre a requerimiento de un fiscal y la autorización de un juez.

El debate sobre interceptar, retener e incautar comunicaciones se dio en la tramitación del Código Procesal Penal, donde el legislador resolvió lo dispuesto en los artículos 218, 219 y 222, que se encuentran vigentes, y corresponden al sustento legal del actual reglamento y de su modificación. Los registros de datos de las comunicaciones han contribuido a resolver procesos judiciales complejos. En el caso de Nabila Rifo, se estableció el tráfico de llamadas de la víctima al imputado, el día posterior del ataque, su duración, horario y localización. En el caso Luchsinger, los registros permitieron situar en las inmediaciones del sitio del suceso a imputados que hoy enfrentan a la justicia. Para fortalecer esa contribución al sistema penal, se requiere que las empresas de telecomunicaciones sean diligentes y comprendan a cabalidad que también deben ayudar a resolver los problemas delictuales, en beneficio de todos. El nuevo reglamento apunta en esa dirección.

Es importante situar la discusión sobre antecedentes fácticos y no en prejuicios, presunciones o supuestos. El nuevo reglamento no considera una revisión masiva de personas y sus metadatos, sino que respecto de personas y asuntos judicializados, a requerimiento de un fiscal y con la autorización de un juez. Por tanto, se ajusta a las exigencias de protección de la privacidad que establece la Constitución, el Código Procesal Penal y el Convenio de Budapest, aprobado por el Congreso Nacional y vigente en Chile desde agosto de 2017.

El reglamento se ajusta a las exigencias de protección de la privacidad.
 
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